La Corrupción Sistemática, Causas, Consecuencias y Rutas de Escape
Noti 379 – septiembre de 2026
“Los líderes son juzgados por la efectividad con la que ejercieron su autoridad en el interés de su pueblo”. “Si de verdad quieres acabar con la corrupción, debes estar dispuesto a enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares corruptos”. Estas frases pronunciadas por Lee Kwan Yew, fundador de la moderna Singapur.
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El nuevo gobierno de Colombia acaba de publicar un documento denominado EL LIBRO DE LA VERDAD, sobre el que el presidente De la Espriella advierte que “el propósito de este no es reemplazar a la justicia ni predeterminar responsabilidades, sino visibilizar y documentar de manera rigurosa los focos de corrupción identificados en la transición para ponerlos a disposición de las autoridades competentes”. En este contexto, considero que regresamos al terreno de la auditoría forense, ciencia que puede ser de mucha utilidad para sustanciar causas penales, civiles o administrativas; pero que no va al meollo del problema: la raíz de la corrupción y su enorme dificultad de combatirla con las herramientas actuales con las que cuenta el Estado.
La corrupción sistémica se define como el proceso mediante el cual los actores políticos manipulan el sistema económico, con el fin de crear rentas que puedan ser usadas para asegurar el control del gobierno. En otras palabras, la política corrompe la economía. Ya lo dijo un alto ejecutivo de la infame firma Odebrecht, responsable de múltiples casos de soborno para obtener contratos de construcción en América Latina: nosotros no tuvimos que corromper a ningún funcionario o político en Colombia para lograr contratos; cuando llegamos, ellos ya estaban corrompidos.
La cura clásica para la corrupción sistémica siempre ha sido el establecimiento de un gobierno balanceado, en donde las diferentes ramas y niveles del gobierno puedan bloquear acciones corruptas de las otras. Claramente esta cura no ha funcionado, ni va a funcionar. Los organismos de control y muchos de los despachos judiciales son considerados por los corruptos como simples casetas de peaje, lugares en los que hay que dejar una parte de las ganancias obtenidas ilegalmente, para poder seguir transitando por la autopista de la corrupción sin mayores problemas. De otro lado, se percibe que cuando un peso pesado de la política cae en
manos de los medios de comunicación, o se ve involucrado en un proceso judicial, no se debe al hecho de contar con una justicia pronta e implacable, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de un ajuste de cuentas mal saldadas por los canales usuales de que disponen los corruptos.
El Populismo Como Bandera
Los populistas, sea cual sea su orientación política, basan sus estrategias comunicacionales en anunciar medidas severas contra todo tipo de corrupción, advirtiendo que los “malos” serán perseguidos y sancionados con todo el rigor de las leyes existentes, o de otras que pronto serán presentadas a consideración del Congreso. Incluso llegan a afirmar, cuando están en campaña, que tienen pruebas irrefutables de la comisión de delitos por parte de otros políticos; y que en cuestión de días las van a presentar ante las autoridades competentes. Esta plataforma rinde siempre sus frutos, y los electores confían en que esta vez su candidato sí va actuar contra la corrupción y los corruptos; no como los anteriores que se quedaron en falsos anuncios y vanas promesas. Al final del día, a todos se les olvidan estas palabras, nadie pregunta por dichos anuncios; y el torbellino de escándalos hace que los temas dejen de ser importantes en segundos, para beneficio de los delincuentes.
La Gestión Actual del Riesgo de Corrupción
“Los líderes son juzgados por la efectividad con la que ejercieron su autoridad en el interés de su pueblo”. “Si de verdad quieres acabar con la corrupción, debes estar dispuesto a enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares corruptos”. Estas frases fueron pronunciadas hace más de 60 años por Lee Kwan Yew, fundador de la moderna Singapur, país que sin duda puede ser tomado como ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción, así su pragmatismo no encaje dentro de otras definiciones. Hace algo más de 25 años, en nuestro país se hizo un breve experimento en una de las instituciones más desprestigiadas del sector público: el Congreso de la República. Los presidentes transitorios de este fundamental poder de cualquier sistema democrático, llevaron a la administración de su período, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, a un equipo de personas sin compromisos políticos, con la misión de desarrollar estrategias de transparencia y de legalidad. El choque, como era de esperarse, fue formidable. Los miembros del mencionado equipo no solo tuvieron que enfrentar la férrea resistencia de los corruptos enquistados por décadas en la Entidad, sino que además los propios presidentes fueron sujetos de múltiples presiones por parte de sus pares, quienes vieron como una traición a su forma de hacer las cosas, que alguien intentara cambiarlas para bien. El intento duró dos años, durante los cuales se pudo demostrar que, cuando existe voluntad de hacer las cosas bien, y cuando las actuaciones de los funcionarios se rigen por normas de honestidad y no por afán corrupto, las administraciones pueden volverse eficientes; y que la corrupción se aleja entre tanto estén a cargo personas con sentido del deber y no de la oportunidad.
Ese grupo de personas aprendió varias lecciones importantes:
- Cuando existe voluntad política de cambiar, se puede cambiar.
- Las herramientas de control nunca van a ser suficientes para evitar la corrupción, si quienes se encargan de aplicarlas son corruptos o corruptibles.
- La absoluta falta de temor ante las consecuencias de cometer un hecho corrupto es el mejor aliciente para atreverse a hacerlo.
- Si los organismos de control no son independientes, pierden toda capacidad operativa.
El Caso de Singapur
El CPIB – Corrupt Practices Investigation Bureau (Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas), es considerado el modelo más exitoso del mundo en materia de lucha contra la corrupción.
Fue creado en 1952, cuando el país todavía era colonia británica, pero nunca llegó a funcionar de manera adecuada. En 1959 cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, la reformó por completo, comenzando por hacerla independiente de los otros poderes, reportando únicamente al primer ministro. Su poder es tal, que puede investigar a cualquier persona, de cualquier rango. En 1960 le dieron poderes con la Ley de Prevención de la Corrupción: puede detener sin orden judicial, revisar cuentas bancarias y bienes de funcionarios, de sus familiares y amigos, y confiscar lo robado. De igual manera, se adoptó una definición amplia de corrupción, incluyendo cualquier intento deshonesto por obtener un provecho indebido, para sí mismo o para otra persona. De manera simultánea, se determinaron penas severas de cárcel y de embargo de bienes a los corruptos y sus familias, así como la prohibición de volver a trabajar o contratar con el sector público para los condenados.
Además de las medidas coercitivas, se definieron otras para atraer a personas honestas hacia los cargos públicos: salarios altos para funcionarios, y rotación obligatoria de cargos para que no se enquisten relaciones corruptas.
Todo funcionario firma antes de posesionarse una autorización al Estado a revisar sus cuentas, dentro y fuera del país, cuando quiera.
Dentro de la misma estrategia, se ejecutan inspecciones sorpresa para detectar casos de desviación de poder. Otra herramienta poderosa ha demostrado ser la simplificación de trámites engorrosos, porque esos trámites fomentan el soborno.
¿Cómo Podría Aplicarse en Colombia?
El éxito de este modelo depende de algunas de las variables más sensibles, cuando de corrupción se trata. Veamos cuáles son.
El CPIB se ha mantenido limpio por más de 60 años, debido en su mayor parte a 4 fortalezas evidentes:
Depende del Primer Ministro, no de la Policía. Si el Primer Ministro le impide investigar, el director del CPIB puede ir directo al Presidente de la República y pedir autorización. Así nadie lo puede frenar.
En nuestro país, dependería del vicepresidente de la República, con la opción de recurrir al Presidente como una instancia superior. Al igual que en Singapur, no es muy claro que haya discrepancias entre presidente y vicepresidente, lo que podría limitar la efectividad de la Oficina Anticorrupción. En nuestro país, el denominado equipo de transición depende de la Vicepresidencia. Para ser como Singapur, tendría que convertirse por Ley en un instituto independiente del Presidente de turno.
Se investigan a sí mismos con dureza extrema. Todo investigador del CPIB es investigado cada 3 años: cuentas bancarias, estilo de vida, familia. Igualmente, se practica la rotación obligatoria: nadie dura más de 3-4 años en el mismo equipo para evitar compadrazgos.
En Colombia, el equipo de investigaciones internas debería ser cuidadosamente seleccionado y monitoreado, utilizando tecnología de punta para analizar su integridad. Hoy solo puede recopilar hallazgos y entregar a Fiscalía/Procuraduría/Contraloría. No puede detener ni congelar activos. Sería necesaria una reforma a la Ley 1474 y a la Ley de Prevención de la Corrupción, como hicieron en 1960 en Singapur.
Salarios adecuados y castigos severos. Un oficial del CPIB gana como un ejecutivo privado top. Pero si caen, pierden el trabajo y la pensión, no vuelven a trabajar en lo público nunca, enfrentan multas de $70.000 USD y hasta 10 años de cárcel; y su nombre se hace público.
En nuestro país se debería considerar el aspecto salarial, así como las consecuencias de cometer actos de corrupción. Al ser 1.200 voluntarios, el riesgo es alto. No hay aún mecanismo de rotación ni de pruebas de integridad. El modelo Singapur exigiría que esos 1.200 firmen autorización para revisar sus cuentas y las de su familia.
manos de los medios de comunicación, o se ve involucrado en un proceso judicial, no se debe al hecho de contar con una justicia pronta e implacable, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de un ajuste de cuentas mal saldadas por los canales usuales de que disponen los corruptos.
El Populismo Como Bandera
Los populistas, sea cual sea su orientación política, basan sus estrategias comunicacionales en anunciar medidas severas contra todo tipo de corrupción, advirtiendo que los “malos” serán perseguidos y sancionados con todo el rigor de las leyes existentes, o de otras que pronto serán presentadas a consideración del Congreso. Incluso llegan a afirmar, cuando están en campaña, que tienen pruebas irrefutables de la comisión de delitos por parte de otros políticos; y que en cuestión de días las van a presentar ante las autoridades competentes. Esta plataforma rinde siempre sus frutos, y los electores confían en que esta vez su candidato sí va actuar contra la corrupción y los corruptos; no como los anteriores que se quedaron en falsos anuncios y vanas promesas. Al final del día, a todos se les olvidan estas palabras, nadie pregunta por dichos anuncios; y el torbellino de escándalos hace que los temas dejen de ser importantes en segundos, para beneficio de los delincuentes.
La Gestión Actual del Riesgo de Corrupción
“Los líderes son juzgados por la efectividad con la que ejercieron su autoridad en el interés de su pueblo”. “Si de verdad quieres acabar con la corrupción, debes estar dispuesto a enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares corruptos”. Estas frases fueron pronunciadas hace más de 60 años por Lee Kwan Yew, fundador de la moderna Singapur, país que sin duda puede ser tomado como ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción, así su pragmatismo no encaje dentro de otras definiciones. Hace algo más de 25 años, en nuestro país se hizo un breve experimento en una de las instituciones más desprestigiadas del sector público: el Congreso de la República. Los presidentes transitorios de este fundamental poder de cualquier sistema democrático, llevaron a la administración de su período, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, a un equipo de personas sin compromisos políticos, con la misión de desarrollar estrategias de transparencia y de legalidad. El choque, como era de esperarse, fue formidable. Los miembros del mencionado equipo no solo tuvieron que enfrentar la férrea resistencia de los corruptos enquistados por décadas en la Entidad, sino que además los propios presidentes fueron sujetos de múltiples presiones por parte de sus pares, quienes vieron como una traición a su forma de hacer las cosas, que alguien intentara cambiarlas para bien. El intento duró dos años, durante los cuales se pudo demostrar que, cuando existe voluntad de hacer las cosas bien, y cuando las actuaciones de los funcionarios se rigen por normas de honestidad y no por afán corrupto, las administraciones pueden volverse eficientes; y que la corrupción se aleja entre tanto estén a cargo personas con sentido del deber y no de la oportunidad.
Ese grupo de personas aprendió varias lecciones importantes:
- Cuando existe voluntad política de cambiar, se puede cambiar.
- Las herramientas de control nunca van a ser suficientes para evitar la corrupción, si quienes se encargan de aplicarlas son corruptos o corruptibles.
- La absoluta falta de temor ante las consecuencias de cometer un hecho corrupto es el mejor aliciente para atreverse a hacerlo.
- Si los organismos de control no son independientes, pierden toda capacidad operativa.
El Caso de Singapur
El CPIB – Corrupt Practices Investigation Bureau (Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas), es considerado el modelo más exitoso del mundo en materia de lucha contra la corrupción.
Fue creado en 1952, cuando el país todavía era colonia británica, pero nunca llegó a funcionar de manera adecuada. En 1959 cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, la reformó por completo, comenzando por hacerla independiente de los otros poderes, reportando únicamente al primer ministro. Su poder es tal, que puede investigar a cualquier persona, de cualquier rango. En 1960 le dieron poderes con la Ley de Prevención de la Corrupción: puede detener sin orden judicial, revisar cuentas bancarias y bienes de funcionarios, de sus familiares y amigos, y confiscar lo robado. De igual manera, se adoptó una definición amplia de corrupción, incluyendo cualquier intento deshonesto por obtener un provecho indebido, para sí mismo o para otra persona. De manera simultánea, se determinaron penas severas de cárcel y de embargo de bienes a los corruptos y sus familias, así como la prohibición de volver a trabajar o contratar con el sector público para los condenados.
Además de las medidas coercitivas, se definieron otras para atraer a personas honestas hacia los cargos públicos: salarios altos para funcionarios, y rotación obligatoria de cargos para que no se enquisten relaciones corruptas.
Todo funcionario firma antes de posesionarse una autorización al Estado a revisar sus cuentas, dentro y fuera del país, cuando quiera.
Dentro de la misma estrategia, se ejecutan inspecciones sorpresa para detectar casos de desviación de poder. Otra herramienta poderosa ha demostrado ser la simplificación de trámites engorrosos, porque esos trámites fomentan el soborno.
¿Cómo Podría Aplicarse en Colombia?
El éxito de este modelo depende de algunas de las variables más sensibles, cuando de corrupción se trata. Veamos cuáles son.
El CPIB se ha mantenido limpio por más de 60 años, debido en su mayor parte a 4 fortalezas evidentes:
Depende del Primer Ministro, no de la Policía. Si el Primer Ministro le impide investigar, el director del CPIB puede ir directo al Presidente de la República y pedir autorización. Así nadie lo puede frenar.
En nuestro país, dependería del vicepresidente de la República, con la opción de recurrir al Presidente como una instancia superior. Al igual que en Singapur, no es muy claro que haya discrepancias entre presidente y vicepresidente, lo que podría limitar la efectividad de la Oficina Anticorrupción. En nuestro país, el denominado equipo de transición depende de la Vicepresidencia. Para ser como Singapur, tendría que convertirse por Ley en un instituto independiente del Presidente de turno.
Se investigan a sí mismos con dureza extrema. Todo investigador del CPIB es investigado cada 3 años: cuentas bancarias, estilo de vida, familia. Igualmente, se practica la rotación obligatoria: nadie dura más de 3-4 años en el mismo equipo para evitar compadrazgos.
En Colombia, el equipo de investigaciones internas debería ser cuidadosamente seleccionado y monitoreado, utilizando tecnología de punta para analizar su integridad. Hoy solo puede recopilar hallazgos y entregar a Fiscalía/Procuraduría/Contraloría. No puede detener ni congelar activos. Sería necesaria una reforma a la Ley 1474 y a la Ley de Prevención de la Corrupción, como hicieron en 1960 en Singapur.
Salarios adecuados y castigos severos. Un oficial del CPIB gana como un ejecutivo privado top. Pero si caen, pierden el trabajo y la pensión, no vuelven a trabajar en lo público nunca, enfrentan multas de $70.000 USD y hasta 10 años de cárcel; y su nombre se hace público.
En nuestro país se debería considerar el aspecto salarial, así como las consecuencias de cometer actos de corrupción. Al ser 1.200 voluntarios, el riesgo es alto. No hay aún mecanismo de rotación ni de pruebas de integridad. El modelo Singapur exigiría que esos 1.200 firmen autorización para revisar sus cuentas y las de su familia.
Transparencia y poder ciudadano. Cualquier ciudadano puede denunciar anónimamente por web, teléfono o presencial, 24/7. El CPIB tiene que responder en 48 horas. Cada año publican cuántos casos investigaron, a quién y qué pasó. Tienen una unidad interna de «Integrity Check» que hace operaciones encubiertas: les ofrecen sobornos a sus propios oficiales para ver si caen.
Uno de los principales obstáculos para el funcionamiento de un esquema similar al de Singapur, radica en que los ciudadanos de Colombia en realidad no ejercemos nuestra ciudadanía, entendida ésta como el acto de asumir nuestras responsabilidades de participación y control de la actividad pública. Para muchos, el ejercicio de la ciudadanía se limita a votar cada que hay elecciones, sin preocuparse por lo que hagan los elegidos. Las denominadas “Veedurías Ciudadanas” son, en su mayoría, microempresas familiares dedicadas a subsistir haciendo ruido y buscando subsidios en Colombia y en el exterior.
En Colombia el funcionario de carrera gana poco en comparación con el riesgo que asume. Y aquellos quienes estando en condición de contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios (900.000, según lo denuncia el libro), no pierde la pensión si resultan involucrados en un hecho corrupto.
Habría que determinar la razonabilidad de cada uno de estos puestos de trabajo, fijar salarios razonables y a la vez crear la figura de la muerte profesional por corrupción.
Durante la intervención de dos años en el Congreso de Colombia, por parte del equipo de la Presidencia de la Corporación, se le preguntó a uno de estos contratistas acerca de la cantidad de trabajo que realizaba durante el mes. Sin inmutarse, respondió: “yo fui muy claro con el doctor fulano, cuando le pedí que me ayudara; le dije que lo que quería era un puesto, no un trabajo”.
¿Qué le faltaría a Colombia para ser como Singapur? Hay que comenzar por aprobar una Ley propia: Pasar de «equipo de empalme» a Instituto Anticorrupción autónomo creado por ley, con presupuesto propio (en Singapur le han incrementado el presupuesto en 5.000%). Poderes de policía judicial: Hoy solo denuncia, no investiga judicialmente. Muerte política y económica: Como en Singapur, que el condenado no pueda volver a contratar con el Estado jamás.
En nuestra próxima entrega profundizaremos sobre los cinco componentes de una estrategia coherente de lucha contra el fraude y la corrupción.
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